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Lima,
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El campo aumenta la ofensiva por los «abusivos» precios de los alimentos
 Algo falla cuando a cualquier consumidor le cuesta más de 15 euros el kilo llevar a su mesa un filete de ternera, mientras que al ganadero que ha criado, alimentado y vendido el animal del que procede apenas le han pagado unos 3 euros el kilo. El desajuste de estos precios es escandaloso, y aunque no es nuevo, sí llama la atención que ni siquiera se hayan rebajado las diferencias de lo que se paga en origen al productor a lo que tienen que abonar los compradores finales en estas fechas en las que se está alertando de la caída del consumo. Vendan mucho o poco, parece que la estrategia de los supermercados no pasa por abaratar el precio de los productos. Para los agricultores y ganaderos, estos «abusos» y «comportamientos irregulares» tienen un claro culpable: la gran distribución comercial que controla el mercado, que impone sus precios y que no actúa fuera de la legalidad, pero «sí de forma totalmente injusta para todos menos para sus intereses». Según datos de la organización agraria UPA, la demanda en origen de los alimentos está concentrada en tres grandes grupos de la distribución (Mercadona, Carrefour y Eroski), que tienen una cuota de mercado del 49,5% y que imponen su criterio a 900.000 productores y cerca de 4.000 asociaciones agrarias. Lo peor de esta situación, y una visita a cualquier establecimiento lo demuestra, es que hay pocos productos que se vean libres de estos precios desorbitados. El mismo Ministerio de Industria, Turismo y Comercio publicaban esta semana sus datos de la cesta de la compra y revelaba que sólo uno de cada seis alimentos era más barato que hace un año. «No hace falta que lo diga el Gobierno», apuntaba ayer María Garrido, una ama de casa que esperaba su turno en el Mercado de Abastos, «yo lo noto cada vez que hago la compra. Cada vez me cunde menos». De lo que tampoco se libra ni uno de los alimentos es de la enorme diferencia entre el origen y el destino. «Los precios para el agricultor y el ganadero son ruinosos y para los consumidores prohibitivos. Los primeros apenas cubren costes con lo poco que les pagan, y del consumidor se abusa. Los únicos que salen ganando son las distribuidoras y comercializadoras», apunta el secretario general de COAG Cádiz, Salvador Pineda. Lo mismo defendía ayer el líder de UPA Andalucía, Agustín Rodríguez, que se quejaba de «un comercio sin reglas, en el que las grandes superficies campan a sus anchas», y que añadía que «el futuro agroalimentario de Cádiz y de la región no es posible en estos términos y si no hay precios razonables». En esta lamentable situación, agricultores y ganaderos han decidido intensificar la batalla que desde hace años lideran contra estas prácticas comerciales y presionar a la Administración para que actúe y apruebe leyes que aporten claridad y transparencia al mercado y controlen los márgenes comerciales a lo largo de toda la cadena.
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Algo falla cuando a cualquier consumidor le cuesta más de 15 euros el kilo llevar a su mesa un filete de ternera, mientras que al ganadero que ha criado, alimentado y vendido el animal del que procede apenas le han pagado unos 3 euros el kilo. El desajuste de estos precios es escandaloso, y aunque no es nuevo, sí llama la atención que ni siquiera se hayan rebajado las diferencias de lo que se paga en origen al productor a lo que tienen que abonar los compradores finales en estas fechas en las que se está alertando de la caída del consumo. Vendan mucho o poco, parece que la estrategia de los supermercados no pasa por abaratar el precio de los productos. Para los agricultores y ganaderos, estos «abusos» y «comportamientos irregulares» tienen un claro culpable: la gran distribución comercial que controla el mercado, que impone sus precios y que no actúa fuera de la legalidad, pero «sí de forma totalmente injusta para todos menos para sus intereses». Según datos de la organización agraria UPA, la demanda en origen de los alimentos está concentrada en tres grandes grupos de la distribución (Mercadona, Carrefour y Eroski), que tienen una cuota de mercado del 49,5% y que imponen su criterio a 900.000 productores y cerca de 4.000 asociaciones agrarias. Lo peor de esta situación, y una visita a cualquier establecimiento lo demuestra, es que hay pocos productos que se vean libres de estos precios desorbitados. El mismo Ministerio de Industria, Turismo y Comercio publicaban esta semana sus datos de la cesta de la compra y revelaba que sólo uno de cada seis alimentos era más barato que hace un año. «No hace falta que lo diga el Gobierno», apuntaba ayer María Garrido, una ama de casa que esperaba su turno en el Mercado de Abastos, «yo lo noto cada vez que hago la compra. Cada vez me cunde menos». De lo que tampoco se libra ni uno de los alimentos es de la enorme diferencia entre el origen y el destino. «Los precios para el agricultor y el ganadero son ruinosos y para los consumidores prohibitivos. Los primeros apenas cubren costes con lo poco que les pagan, y del consumidor se abusa. Los únicos que salen ganando son las distribuidoras y comercializadoras», apunta el secretario general de COAG Cádiz, Salvador Pineda. Lo mismo defendía ayer el líder de UPA Andalucía, Agustín Rodríguez, que se quejaba de «un comercio sin reglas, en el que las grandes superficies campan a sus anchas», y que añadía que «el futuro agroalimentario de Cádiz y de la región no es posible en estos términos y si no hay precios razonables». En esta lamentable situación, agricultores y ganaderos han decidido intensificar la batalla que desde hace años lideran contra estas prácticas comerciales y presionar a la Administración para que actúe y apruebe leyes que aporten claridad y transparencia al mercado y controlen los márgenes comerciales a lo largo de toda la cadena.
